De la impunidad a la captura en 72 horas: Fiscalía aprehende a violador de menor indígena en Pahuatlán, Puebla

En un avance significativo en el caso de violencia sexual contra una menor indígena de la Sierra Norte de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendió a Eduardo N., de 32 años, tío de la víctima y presunto responsable de violación equiparada. El hecho, que data de julio y octubre de 2025, expuso inicialmente las barreras lingüísticas en el acceso a la justicia para comunidades náhuatl, pero un equipo interdisciplinario resolvió el obstáculo, permitiendo la formalización de la denuncia y la detención del imputado.

De acuerdo con el boletín oficial de la FGE emitido hoy 28 de noviembre, la menor de 11 años, originaria de la comunidad de Atla, en el municipio de Pahuatlán, sufrió agresiones sexuales en la panadería familiar propiedad de su tío, donde trabajaba. El primer incidente ocurrió en julio durante la madrugada, y se repitió el 25 de octubre bajo amenazas del agresor para silenciar a la víctima. La familia, al enterarse, trasladó a la niña y a sus acompañantes (madre, hermano y abuela) al Centro Libre Casa Carmen Serdán en Huauchinango, donde se inició la carpeta de investigación el martes 25 de noviembre –coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer–.

Inicialmente, la atención se vio retrasada por la falta de un intérprete náhuatl en la Casa de Justicia de Huauchinango, como reportó la agente del Ministerio Público Damayanti Zamora Moreno. Sin embargo, la FGE activó un equipo multidisciplinario que incluyó trabajadores sociales, médicos, psicólogos y un traductor certificado del municipio de Pahuatlán, lo que facilitó la recolección de testimonios clave. "Gracias a esta labor, se obtuvieron datos de prueba suficientes para solicitar y ejecutar la orden de aprehensión emitida por el Juez de Control", detalla el comunicado oficial.

Eduardo N. fue detenido en Huauchinango y enfrentará los tribunales en las próximas horas, donde la Fiscalía presentará las pruebas para garantizar su responsabilidad penal. La víctima permanece bajo resguardo en el Centro Libre Casa Carmen Serdán, recibiendo atención integral psicológica, médica y social, con énfasis en su recuperación y derechos lingüísticos.

Este caso resalta los avances en la respuesta institucional, aunque expone fallas estructurales: en lo que va del año, la FGE ha atendido a 871 personas indígenas en procesos similares, pero incidentes como este subrayan la necesidad de más intérpretes disponibles en tiempo real.

El gobernador Alejandro Armenta Mier, quien el 27 de noviembre exigió medidas urgentes como la contratación de más traductores y capacitaciones en lenguas originarias, celebró la aprehensión en redes sociales: "Justicia intercultural no es una promesa, es un derecho. Avanzamos para que ninguna niña indígena enfrente barreras en Puebla".

Este desenlace no solo busca justicia para la menor y su familia, sino que sirve como precedente para erradicar la impunidad en casos de violencia de género en comunidades indígenas, reafirmando el compromiso de la FGE con la protección de niñas, niños y adolescentes.