EE.UU. acusa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios más por nexos con el Cártel de Sinaloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles la apertura de una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios de alto nivel del estado mexicano, por presuntos delitos de tráfico de narcóticos y delitos relacionados con armas.

Según el comunicado oficial de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos” (hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán), para facilitar la importación masiva de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Los cargos principales que se le imputan al gobernador son:

- Conspiración para la importación de narcóticos.

- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

De ser encontrado culpable en Estados Unidos, Rocha Moya enfrentaría una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y podría recibir cadena perpetua.

Los otros nueve acusados son:

- Enrique Inzunza Cazarez

- Enrique Díaz Vega

- Dámaso Castro Zaavedra

- Marco Antonio Almanza Avilés

- Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”)

- Gerardo Mérida Sánchez

- José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”)

- Juan de Dios Gámez Mendívil (alcalde de Culiacán)

- Juan Valenzuela Millán (“Juanito”)

Uno de ellos, Juan Valenzuela Millán, enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en secuestros que resultaron en la muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta.

De acuerdo con la acusación, Rocha Moya habría recibido apoyo de “Los Chapitos” para ganar la gubernatura en 2021, incluyendo el secuestro e intimidación de rivales políticos,a cambio, el gobernador habría asistido a reuniones con líderes del cártel, prometiendo protección a sus operaciones y permitiendo que operaran con impunidad en Sinaloa. Los funcionarios habrían proporcionado información sensible, protección policial y facilitado el trasiego de drogas a cambio de sobornos y apoyo político.

El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla en el Distrito Sur de Nueva York. Ninguno de los acusados se encuentra actualmente bajo custodia en Estados Unidos.

Por su parte Rocha Moya rechazó categóricamente las acusaciones, negando cualquier vínculo con el Cártel de Sinaloa y calificándolas como infundadas.

La Embajada de Estados Unidos en México, a través del embajador Ronald Johnson, confirmó que la acusación forma parte de los esfuerzos conjuntos entre ambos países para combatir la corrupción y el crimen transnacional.

Esta es una de las acusaciones más graves contra un gobernador en funciones en la historia reciente de las relaciones México-Estados Unidos. El caso continúa en desarrollo y, hasta el momento, no se han presentado cargos equivalentes ante autoridades mexicanas.

Mientras la Secretaria de Relaciones Exteriores informó que el 28 de abril de 2026 (un día antes del anuncio público de la acusación), a las 18:00 horas, recibió de la Embajada de Estados Unidos solicitudes de detención provisional con fines de extradición de “diversas personas”, que fueron turnadas inmediatamente a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis correspondiente.